Ecuador

Defensoría sobre veto al COS: se bloqueó la opción de tener una norma que garantice el derecho a la salud integral

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Publicado el Domingo, 27 Septiembre 2020

FreddyCarrion 16df0

La Defensoría del Pueblo, como institución de derechos humanos, manifestó su "profunda preocupación" ante el anuncio por parte del Ejecutivo de la decisión de vetar de forma total el Código Orgánico de la Salud.

Y es que consideran que el Código Orgánico de la Salud, que fue aprobado por la Asamblea Nacional el 25 de agosto de 2020, tras cerca de ocho años de debate, evidenciaba una deuda primordial y prioritaria del Estado con el derecho a la salud integral de los ecuatorianas y, de forma especial, con grupos históricamente excluidos que no han podido acceder a este derecho durante décadas.

"El proyecto de Código Orgánico tuvo como objetivo recoger y mejorar, en un solo cuerpo normativo, las diferentes leyes que rigen en materia de salud. Así, el código recoge la normativa de la Ley Orgánica de Salud, Ley Reformatoria del Sistema Nacional de Salud, Ley Orgánica de Discapacidades, Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de salud, Ley 67, para incluir el Tratamiento de las Enfermedades Raras o Huérfanas y Catastróficas, Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de órganos, tejidos y células, Ley de donantes voluntarios de sangre, Ley de derecho y amparo al paciente, Ley de medicamentos genéricos de uso humano, Ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, Ley de fomento, apoyo y protección a la lactancia materna, entre otras", expresa el órgano.

A su juicio, el proceso de debate durante cerca de ocho años, fue trabajado con una amplia participación de actores sociales, políticos, y, especialmente, de las propias autoridades de salud que estuvieron presentes en el proceso legislativo. En tanto, el texto aprobado en la Asamblea Nacional "representaba un avance en el ejercicio del derecho a la salud de todas y todos los habitantes de Ecuador".

"En este cuerpo legal se atendían los problemas de salud pública que aquejan a nuestra sociedad y disponía la implementación de políticas públicas específicas y especializadas para su atención de manera prioritaria con un enfoque de derechos, en temas como: suicidio, consumo problemático de bebidas alcohólicas, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, embarazo adolescente, mortalidad materna, aborto por condiciones de riesgo, transmisión del VIH, sobrepeso y obesidad, especialmente, en niños, niñas y adolescentes, entre otros".

Así también, dicen que el Código Orgánico recogía muchas de las recomendaciones emitidas por varios Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas y obligaciones establecidas en sentencias, a escala nacional e internacional, como la de Paola Gúzman, con lo que daba cumplimiento a las obligaciones del Estado con los diferentes tratados y convenios en materia de derechos humanos y, específicamente, con derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas parte de diversidades sexo genéricas.

"Es un hecho que el proyecto de Código Orgánico de Salud vetado por el Ejecutivo presentaba avances fundamentales para las mujeres y para personas parte de diversidades sexo genéricas, especialmente, en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, así como también en temas como: lactancia materna, violencia obstétrica, aborto, atención a personas que ejercen el trabajo sexual, prohibición de terapias de reconversión y prevención de la violencia".

Es por ello que la Defensoría del Pueblo considera "verdaderamente lamentable" que la Presidencia de la República haya perdido la posibilidad de dar al país un nuevo marco normativo que permita una verdadera protección y promoción del desarrollo del derecho a la salud.

Las temas debatibles y con posiciones contrapuestas en la sociedad, pudieron ser tratados en las partes pertinentes a través de un veto parcial. Sin embargo, el Presidente de la República, en su calidad de colegislador, dejó de lado esta oportunidad y con su decisión "bloquea la posibilidad de que este código sea debatido por la Asamblea Nacional por un año, con lo que la opción de contar con un marco normativo que proteja y garantice el derecho a la salud integral queda, una vez más, como una deuda del Estado", reprocharon. (PMB)

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