Ecuador

Fiscalía pide datos de Rafael Correa a cuatro entidades

La Fiscalía General del Estado rastrea más indicios que apuntan al expresidente Rafael Correa dentro de la investigación abierta por los aportes ilegales para Alianza País (AP).

En el archivo Verde Final, el exmandatario es mencionado 12 veces con sus códigos RCD (iniciales de su nombre) y SP (Señor Presidente).

Junto a cada código aparecen nuevos datos. El 20 de julio del 2013, por ejemplo, en la matriz en Excel se registran pagos para un capitán del Ejército.

Él fue parte de la escolta presidencial y testigo en el juicio por magnicidio que se siguió en contra del coronel de Policía César Carrión, luego de la insubordinación del 30-S.

En el casillero denominado ‘Desembolso’ aparecen frases como “reporte investigación” o “saldo pendiente autorizado por el SP”. En otros pagos solo se dice que es por una “investigación”. Pero no hay detalles.

En enero del 2013 se indica que Correa autorizó el pago de una matrícula universitaria por USD 2 206, en la carrera de Marketing. El beneficiario de ese desembolso, aparentemente, es el hermano de una de las víctimas de la sublevación.

Otro pago autorizado por Correa es para un periodista, que debía escribir una crónica sobre un día con el Presidente de la República.

Así, hay una lista de desembolsos pequeños avalados por el expresidente, cuyos destinos fueron descritos de la siguiente forma: “salto publicidad”, “pagos abogados”, “respaldo juicios”, “para familiares de militantes de Alianza País” y para la “campaña Rafael Contigo Siempre”, en el 2016.

En el egreso Nº 276, de enero del 2013, se menciona el nombre de un abogado de Guayaquil y junto a este se detalla un desembolso de USD


4 000, “autorizado por SP”.

La Fiscalía ahora busca unir las pistas y describir cómo fue el sistema que operó dentro de AP, en el que se presume no solo hubo pagos menores sino millonarios desembolsos de contratistas estatales.

Según Verde Final, hubo compañías que aportaron hasta USD 2,7 millones y a Correa se le ubicó como el cabecilla de toda la estructura armada para captar esos fondos.

La Fiscalía envió pedidos a cuatro instituciones en donde busca datos sobre el exmandatario. Estos requerimientos fueron remitidos a la Unidad de Investigación de Fraude Fiscal y Lavado de Activos del Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y a Migración.

En el caso del SRI, los agentes buscan los pagos de impuestos a la Renta e IVA de Correa, así como detalles de las posibles salidas e ingresos de divisas, créditos financieros de contribuyentes relacionados, listado de vehículos, bienes inmuebles, información patrimonial y más.

Luego de conocer estos pedidos, Correa reaccionó ayer en su cuenta de Twitter. “Desde ya autorizo a Fiscalía a que publique todos mis movimientos financieros. Si encuentran un centavo mal habido, me pego un tiro. Si no, que se lo peguen los que hablan tantas infamias. ¡Ya basta!”.

Correa fue convocado por la Fiscalía para que entregue su versión en el caso Sobornos, en el que se investiga una supuesta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

Sin embargo, no acudió a la cita. Según Fausto Jarrín, abogado del exmandatario, la versión debía hacerse por videoconferencia desde Bélgica, en donde reside.

Pero el trámite de cooperación penal no fue completado y dijo que la próxima semana está previsto que finalice el papeleo y que su cliente podría ser citado nuevamente.

Ayer también debían recogerse las versiones de cuatro contratistas estatales, pero ninguno de los llamados a declarar se presentó. Para la próxima semana están citadas 10 personas para que rindan versión en este caso.

La primera vez que las iniciales SP aparecieron en el caso Sobornos fue en junio pasado, cuando se decomisaron los cuadernos de Pamela Martínez, exasesora de Correa, quien actualmente está detenida.

En ese manuscrito, Martínez escribió que Alexis Mera, exsecretario de la Presidencia, la visitó en su oficina y le pidió dinero. Luego anotó que pediría una audiencia con el SP para comentarle lo ocurrido. Esta evidencia permitió la formulación de cargos en contra de Mera y de María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas.

La próxima semana también está previsto que se extraiga más información de las computadoras incautadas.

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