Nicaragua

Hermetismo oficial en traslado de madres adolescentes tras cierre de centros de Casa Alianza

El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN) inició el traslado de nueve madres y adolescentes tras ordenar el cierre de dos centros residenciales especializados de Casa Alianza Nicaragua, alegando que se violaron las normas establecidas en el marco jurídico vigente del país por lo que procederá a retirar a las niñas, niños y adolescentes que estaban bajo “protección especial”, según notificación entregada el pasado 20 de octubre.

La notificación firmada por la ministra de la familia, Johana Vanesa Flores Jiménez, detalla que no continuarán remitiendo a “niñas y niños abandonados y abusados así como adolescentes madres o embarazadas que requieran la tutela temporal del Estado” a la Residencia Corad Hilton y Residencia Madres Adolescentes, los dos lugares que deben dejar de funcionar por mandato de esta institución.

Casa Alianza emitió un comunicado en el que señala que desde el jueves 22 de octubre, el MIFAN inició el traslado “de nueve madres adolescentes con sus hijos” que estaban albergadas en la Residencia de Madres Adolescentes, cuyos tutores no fueron notificados.

“Se conversó con las autoridades para notificar primero a las familias de las adolescentes, donde serían albergadas, pero no fue posible que ellos permitieran hacerlo de esta manera”, explica el comunicado de la organización.

Según el MIFAN, Casa Alianza internó a varias madres adolescentes con sus bebés a la Residencia de Madres Adolescentes sin cumplir con las medidas de protección especial requeridas. Sin embargo, la organización apuntó que “estas jóvenes madres estaban en el centro con el conocimiento de las autoridades y, en particular, con la autorización de sus padres, por ser menores de edad”.

El trabajo de Casa Alianza

Casa Alianza Nicaragua es una organización no gubernamental que desde hace más de 22 años “ha acompañado a miles de niños, niñas y adolescentes en alto riesgo a salir de las calles y a construir un presente y un futuro esperanzador”.

En el comunicado aseguran que ambas residencias “han venido operado bajo la autorización y supervisión del Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación”.

Mediante un modelo de atención integral, el niño, niña o adolescente ingresaba a cualquiera de las dos residencias especializadas donde se procuraba o buscaba la forma de reinsertarlos socialmente y se les daba atención especializada en el área de gestión social, salud, psicoterapia, acompañamiento legal y reintegración familiar.

Lo que alega el Gobierno

La notificación del MIFAN entregada a María José Argüello Ramos, apoderada general de administración de Casa Alianza, indica que esta organización no cumplió con las causales establecidas en el artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

El artículo en mención establece que las instituciones públicas o privadas, junto al Estado, “brindarán atención y protección especial a las niñas, niños y adolescentes” que se encuentren situaciones de riesgo y requieran estén en “condición o circunstancia que requiera de protección especial”.

“En supervisión efectuada en Residencia Madres Adolescentes en el mes de septiembre constatamos el internamiento de madres adolescentes y sus bebés que fueron ingresadas sin la aplicación de una medida de protección especial autorizada por este ministerio, hecho que contraviene lo dispuesto en nuestro marco jurídico vigente”, menciona la misiva.

CODENI respalda a Casa Alianza

La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) expresó su respaldo a Casa Alianza porque “durante 22 años ha brindado protección especial y facilitado la reinserción social de cientos de niñas, niños y adolescentes”.

En un comunicado destacan que su trabajo ha valido el reconocimiento nacional e internacional, incluida la Certificación Internacional “Praesidium”, que la avala como un centro que cumple todos los estándares internacionales para atender a sobrevivientes de abuso.

“Ante el procedimiento de la Normativa implementada por el Estado debe prevalecer el Interés Superior del Niño, evitando alterar su estabilidad física y emocional”, insisten.

“Las niñas, niños y adolescentes que son atendidos en los Centros de Protección Especial, en su mayoría, provienen de hogares donde se les han violentado sus derechos y, con familias que no cuentan con las habilidades para protegerles de cualquier forma de violencia, retornarlos sin seguir un estricto proceso de revinculación, reunificación familiar y garantía que las situaciones de violencia no se repetirán, les expone a ser víctimas de la pandemia de violencia que sufren las niñas, niños y adolescentes en el país”, agregan.

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