Nicaragua

La incógnita de las reformas electorales

La incógnita de las reformas electorales

La incógnita en el tema de las reformas electorales es si Daniel Ortega aceptará aprobarlas en acuerdo con la oposición, o las dictará de manera unilateral, con el apoyo de los partidos fantoches que le sirven de manera obsecuente en su Asamblea Nacional.

La Coalición Nacional aseguró la semana pasada que no aceptará reformas electorales que resulten de “negociaciones bilaterales, secretas o solo con partidos políticos”. En un comunicado divulgado el miércoles 8 de julio, dicha alianza política señaló que “las reformas electorales deben hacerse con el amplio consenso de los diferentes actores de la sociedad, por lo tanto ratificamos el compromiso de todas las organizaciones de la Coalición Nacional, de no aceptar negociaciones bilaterales…” Y agrega que su compromiso “es inquebrantable, y pasa por hablar a una sola voz con la mayoría del pueblo de Nicaragua en favor de reglas democráticas, con elecciones bajo estándares internacionales”.

La dictadura ha declarado oficialmente que las reformas electorales previas a las elecciones nacionales del próximo año, serán discutidas solo con los partidos políticos que tienen personería jurídica y representación en la Asamblea Nacional. Así lo anunció el presidente del poder legislativo de la dictadura, Gustavo Porras, en enero pasado, cuando inauguró la legislatura del presente año.

Ahora bien, uno de los integrantes de la Coalición Nacional es el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que tiene 14 representantes en la Asamblea Nacional de la dictadura de Ortega y Murillo. El partido indígena Yátama también tiene diputado, pero es regional. De manera que hay que esperar para saber si el PLC se mantendrá firme en la posición que ha mantenido hasta ahora en la Coalición Nacional; o si, por los compromisos que contrajo antes con el FSLN y la dictadura por medio del pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, cede a las presiones gubernamentales y acepta discutir bilateralmente las reformas electorales y aprobarlas luego en la Asamblea Nacional.

Siendo realistas, es cierto que el régimen de Ortega está debilitado internamente y acosado por la presión internacional. Pero también es evidente que su agobio no es tan grave como para aceptar así no más las condiciones planteadas por la oposición pluralista asociada en la Coalición Nacional.

Ciertamente, la situación actual de Ortega no es tan precaria y angustiosa como la que afrontaba a finales de junio de 1989, cuando negoció con la Unión Nacional Opositora (UNO) una reforma electoral que, entre otras cosas, le permitió a la oposición poner dos magistrados propietarios en el Consejo Supremo Electoral, que en ese tiempo estaba integrado por cinco miembros.

La dictadura sandinista libraba en aquel momento una guerra desgastante contra las fuerzas armadas de la Resistencia Nicaragüense. Los sandinistas ya no podían seguir la guerra, mucho menos ganarla, porque habían perdido el respaldo determinante de la Unión Soviética que pactó con los Estados Unidos poner fin a la Guerra Fría.

De manera que si bien la actual situación es crítica para Daniel Ortega, no es tan apremiante como para obligarlo a negociar con la Coalición y demás fuerzas verdaderamente opositoras, la sustantiva reforma electoral que se exige para que se puedan realizar elecciones creíbles de acuerdo con los estándares internacionales democráticos.

En todo caso, Ortega no puede dejar de convocar a las elecciones nacionales que de acuerdo con la Constitución se deben celebrar a principios de noviembre del próximo año. Y de cualquier manera tendrá que hacer reformas al sistema electoral, en busca de una mínima legitimidad internacional que le permita sobrevivir, reforma que podría hacer sin el PLC, solo con los partidos apéndices que tiene en su Asamblea Nacional.

Suponemos que la Coalición y los otros sectores de la oposición tienen previsto eso y estarán listos para tomar la decisión que corresponda.

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