Nicaragua

Observatorio electoral ‘Urnas abiertas’ advierte de “elevado nivel de represión política”

Un grupo multidisciplinario de ciudadanos creó el Observatorio Ciudadano “Urnas Abiertas” que pretende documentar la represión, violencia política y las condiciones de derechos humanos en el desarrollo de las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre para “aportar información y evidencias para el debate público y la toma de decisiones de la ciudadanía”.

El seguimiento, en alianza estratégica con el Monitoreo Azul y Blancos, se desarrollará a lo largo del proceso electoral. El Observatorio de Violencia Política registra que, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, se han dado “323 hechos de violencia política de manera individual o grupal, contra la ciudadanía en general o integrantes de organizaciones y partidos políticos”.

El tipo de violencia política más común es el hostigamiento con 237 casos (73,4%) y la forma más frecuente “fue la presencia de patrullas o motos policiales afuera de las viviendas de personas pertenecientes a organizaciones y partidos políticos, en algunos casos se evitó que las personas salieran de sus viviendas, implementado casa por cárcel de facto”.

También reportaron “violaciones a los derechos de movilización como retenciones en carretera, persecución a personas opositoras en vehículos policiales, detenciones arbitrarias con y sin procesos de judicialización, presencia policial intimidatoria en actividades electorales o de protesta para generar un efecto disuasorio, desapariciones forzadas por breves períodos de tiempo durante detenciones arbitrarias”.

Otras formas de violencia política con el “estado policial de facto” que existe en Nicaragua son las pintas en paredes, confiscación y destrucción de elementos de protesta azul y blanco, como banderas, camisetas o afiches, reporta el Observatorio.

“En el contexto nicaragüense las restricciones a la movilización han impactado en otros derechos políticos como los de reunión, asociación y participación”, declararon los integrantes de “Urnas Abiertas”.

Persecución policial

El Observatorio “Urnas Abiertas” entregará informes periódicos sobre justicia y riesgo electoral con análisis nacionales, territoriales y temáticos relacionados con el desarrollo del proceso electoral 2021.

“Como iniciativa ciudadana basada en el reporte de redes territoriales, trabajará en alianza estratégica con el Monitoreo Azul y Blanco y el Observatorio Ciudadano COVID-19”, precisaron en su primer informe.

Hasta marzo, registraron “hechos de hostigamiento antes o después de reuniones de carácter electoral, como lanzamientos de precandidaturas, organización territorial, entre otras” con la presencia de la Policía Nacional en la mayoría de esos eventos.

“Estos hechos fueron persecución en vehículos policiales, requisas afuera de hoteles, en retenes policiales, en algunas ocasiones las personas opositoras son trasladas a estaciones policiales por algunas horas o bien se les restringe su derecho a la libre circulación cuando son escoltados por la Policía para evitar que ingresen al territorio donde se desarrolla la actividad”, detalla el documento.

Uno de los nuevos comportamientos que se incorporó a la violencia política en los últimos meses “fue la solicitud de cédula de identidad a quienes deseaban ingresar a algún local donde se desarrollaba actividades políticas, y posteriormente los efectivos policiales toman foto de todos las cédulas que solicitan”.

Agresiones y detenciones

El 9.28% de las denuncias (30 casos) de los hechos de violencia política que se dieron fueron agresiones, “con mayor frecuencia en el último trimestre de 2020”.

“Las agresiones, a diferencia del hostigamiento, variaron caso a caso sin responder a un patrón específico, estas pudieron ser golpes, exposiciones públicas, pedradas y allanamientos violentos, se dieron en igual frecuencia de manera individual como grupal”, mencionó Julio Martínez, vocero de la iniciativa ciudadana.

Las agresiones se registraron a integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, el Partido Ciudadanos por la Libertad, el Movimiento Campesino, la Unidad Nacional Azul y Blanco; y la Unidad Médica Nicaragüense.

La tercera violencia más registrada fueron las detenciones con 27 hechos. Entre octubre y marzo de este año la Policía detuvo a 23 hombres y 4 mujeres, aunque aclaran que la mayoría de esas personas fueron posteriormente liberadas. “Las detenciones se dieron durante actividades políticas y allanamientos en viviendas”, señala el informe.

También precisaron que a pesar de que tienen presencia en más de 100 municipios puede haber un subregistro y por ello “es importante la denuncia”.

Managua y Madriz con más denuncias

La represión se reportó en 40 de los 153 municipios del país, de acuerdo a “Urnas Abiertas”. La mayor cantidad de hechos se registran en Managua (132 denuncias), seguida de Madriz (48), Masaya (24) y Granada (22).

“En la mayoría de los departamentos se identificaron hechos de violencia política dirigidos y sistemáticos, es decir contra liderazgos opositores locales, acompañados de eventuales despliegues policiales al momento que una actividad política fuese desarrollada en el territorio”, explica el informe del observatorio.

La información recopilada por “Urnas Abiertas” evidencia que el proceso electoral 2021 “arranca en un clima generalizado de elevados niveles de represión política, incertidumbre social e inestabilidad económica, con altos índices de violencia generalizada, un importante deterioro institucional y la ausencia total de credibilidad del árbitro electoral”.

Advierten que si el Estado de Nicaragua no soluciona esta situación “el proceso electoral puede desarrollarse en un clima de absoluta intimidación y persecución, que de manera sistemática y generalizada contra la población civil podrían volver a constituir crímenes de lesa humanidad”.

El observatorio insiste que los hechos de violencia política a los que se enfrenta la ciudadanía y las organizaciones limitan “el derecho a la participación política” y señalan que de continuar bajo estos patrones el proceso electoral previsto para este año “no se podrá desarrollar de manera libre y justa”.

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