Nicaragua

Régimen calla sobre compras de “vacunas covid” y usa donaciones

Han pasado casi tres meses desde que el Gobierno informó sobre la adquisición de al menos tres sueros para inmunizar al 55% de la población en 2021. Sin embargo, hasta ahora el régimen orteguista vacuna a la población con donaciones, y se desconoce qué ha pasado con las compras que prometió, en especial, con los 3.8 millones de dosis de Sputnik V.

El salubrista y miembro del Comité Científico Multidisciplinario (CCM), Carlos Hernández, explica con base a los datos publicados el 13 de enero, que el país podría haber garantizado que más de la mitad de la población fuera inmunizada este año, pero debido a la falta de información sobre los contratos de vacunas, “tenemos una grave incertidumbre en que eso se pueda cumplir”.

El Gobierno aseguró que darían seguimiento a la adquisición de tres vacunas y calculó la cantidad de dosis y el número de población que sería protegido: 3.8 millones de dosis de Sputnik V para proteger a 1.9 millones de ciudadanos; 2 163 800 dosis de Oxford-AstraZeneca para inmunizar a 1,081,900 personas; y 1.5 millones de dosis de Moderna para inocular a 750 000 personas.

Según estos datos, se comprarán 7.4 millones de dosis, que implica una inversión de 115.7 millones de dólares, incluido 850 000 dólares correspondiente al equipamiento de cadena de frío. No obstante, se sabe muy poco sobre cuáles de estos sueros y qué cantidades de dosis ha adquirido Nicaragua, o si está en negociaciones de hacerlo.

Rosario Murillo, vocera gubernamental y vicepresidenta, mencionó en febrero pasado que tenían avances en las negociaciones con la Federación Rusa para la adquisición de las vacunas e igual con el Gobierno de la India para la vacuna Covishield —nombre de la versión India de Oxford AstraZeneca—. Sobre Moderna no se ha pronunciado desde enero.

Vacunaciones

Nicaragua inició la vacunación el 2 de marzo. Inoculó a pacientes con insuficiencia renal crónica con las 6000 dosis de Sputnik V donadas por Rusia. En esta semana empezó a vacunar enfermos crónicos y mayores de 60 años con la vacuna Covishield, donadas por la India y el Mecanismo COVAX, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La meta es proteger a 167 500 personas en 22 días.

Hernández ha criticado la lentitud del proceso de vacunación, y aún más, la decisión del Gobierno de embodegar por más de dos meses la mitad de las vacunas que tienen disponible: 335 000 dosis. La propuesta del especialista es que todas deberían utilizarse como primeras dosis, y con el segundo lote, que se comprometió a entregar OPS, se completa el esquema de inmunización.

“Con las Sputnik V qué paso. Si estaban adelantadas las negociaciones en enero, por qué no tenemos ahorita las dosis de Sputnik V para acelerar más el programa de vacunación y cumplir con los objetivos de reducción acelerada de mortalidad, y contención de la reproducción o ampliación de las variantes del virus”, cuestionó el salubrista.

La salubrista Josefina Bonilla, también miembro del CCM, advirtió que será una “catástrofe” para Nicaragua, si el Gobierno “se queda pasivo” ante la compra de vacunas y se atiene solo a las donaciones. La población estaría mucho menos protegida, ya que las vacunas donadas por Covax solo cubren el 20% de la población.

Bonilla agregó que el Gobierno es responsable de programar las compras de sueros que debieron iniciarse hace meses, y si no se ha hecho, aún debe corregirse, dijo.

Nicaragua anunció hasta enero pasado sus intenciones de comprar vacunas. Fue el último país en Centroamérica en abordar el tema, cuando otros, como Costa Rica, ya habían iniciado a vacunar a su población.

Financiamiento no es el problema

A inicios de diciembre, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, aseguró que Nicaragua contaba con 107 millones de dólares para la adquisición de vacunas: 50 millones a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y cerca de 57 millones por medio de otro préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En febrero 2021, el BCIE anunció mayor disponibilidad de fondos para la adquisición de vacunas, lo que facilita que los países de la región puedan acceder a otros 50 millones de dólares; en total, cada uno dispone de 100 millones de dólares como préstamo. La misma institución aprobó otros 500 000 dólares para cada país como “cooperación financiera no reembolsable” para hacer frente a la pandemia.

Hasta ahora no se sabe en qué etapa están las negociaciones para comprar las vacunas y de cuánto financiamiento dispone el Gobierno. Para Hernández la tardanza no se relaciona a un problema de fondos, sino que pueden ser de tipo gerenciales. Ya que muchos países empezaron a gestionar sus vacunas desde antes que se aprobara su uso y en el caso de Nicaragua, no se informó cuándo dieron los primeros pasos en esa vía.

Transparencia y anticorrupción

La especialista en contrataciones, Dayra Valle, explicó que el Gobierno está obligado a transparentar los montos de las compras de vacunas, el precio de las dosis, especificaciones técnicas y los compromisos adquiridos. Conocer todos esos datos permite verificar la eficiencia de la gestión de los gobiernos, sus sistemas de salud ante la pandemia.

Sin embargo, esa información es precisamente las que las farmacéuticas han demandado a los Gobiernos sea confidencial, y que a su vez, han aceptado. Esto evita la rendición de cuentas de Gobierno y proveedores.

Según una publicación del Diario The York Times, existen, al menos tres tipos de acuerdos para adquirir las vacunas contra la covid: compras directas con los fabricantes; las compras canalizadas a través de mecanismos regionales y a través de Covax.

En Nicaragua, hasta ahora, se conoce que el Gobierno ha mantenido conversaciones directas, en el caso de Sputnik V, con la Federación Rusa.

Valle recordó que si los fondos de las vacunas provienen de préstamos o donaciones, a como sucede con Nicaragua, los organismos internacionales deben generar mayor presión para transparentar los procesos de adquisición, y además, deben establecer cláusulas de transparencia y anticorrupción en los acuerdos.

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