Nicaragua

Régimen orteguista recaptura a más expresos políticos

Al preso político Danny García González, amnistiado en 2019 y recapturado un año después, el Ministerio Público lo acusó por los delitos de tenencia de artefactos explosivos, portación de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, en perjuicio del Estado de Nicaragua. Su causa se encuentra en el Juzgado Noveno Distrito de Audiencia de Managua, donde espera ser juzgado por segunda vez.  Él es el último de los 14 presos políticos que fueron amnistiados y recapturados por régimen de Daniel Ortega.

García fue arrestado el pasado 14 de septiembre, el mismo día que Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del presidente, anunció la disposición gubernamental de instaurar la pena a cadena perpetua en Nicaragua, por lo que su caso captó la atención en redes sociales. Un día después, Ortega refirió en su discurso que la pena a cadena perpetua es para “castigar” a la oposición.

“Se sienten intocables” porque cuentan con el respaldo de los Estados Unidos. “Pero ya no habrá otra amnistía… y para eso están las leyes, para castigar, para sancionar, no por lo que digan sino por lo que hacen”, sentenció el mandatario, de 74  años, cuya represión ha dejado más de 300 asesinatos, miles de heridos, más de 700 presos políticos, de los cuales quedan 94 en las cárceles, y 100 000 exiliados.

El día del arresto, García se encontraba con William Caldera Navarrete y –según la versión de la Policial– les encontraron 10 artefactos explosivos con sus cápsulas detonantes, dos revolver calibre 38 y 5,4 kilos de marihuana, repartidos en una mochila y un saco. Los sospechosos habrían admitido a la Policía que los explosivos serían utilizados para atentar en contra de las instalaciones de la Alcaldía de Masaya y “sembrar terror y zozobra” en los barrios de esa ciudad.

La abogada Yonarqui Martínez, quien ejerce la defensa de García, interpuso un “incidente de nulidad” porque el Ministerio Público puso en la acusación que su defendido fue detenido el 15 de septiembre y no el 14 como realmente ocurrió, pero el Tribunal de Apelaciones no dio lugar a la petición.

Los recapturados

El primer preso político recapturado fue Jaime Navarrete, quien fue condenado en 2018 por el supuesto asesinato de un paramilitar, fue excarcelado el diez de junio de 2019, y el 24 de julio –un mes después de la amnistía– fue reencarcelado por presunto tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

Carlos Bonilla, procesado y sentenciado por la muerte de un antimotín, fue excarcelado el once de junio de 2019, se exilió en Costa Rica y al regresar volvió a ser capturado, y ahora le acusan de portación ilegal de armas. Richard Saavedra, también volvió a ser capturado, señalado otra vez por supuesto robo agravado.

Asimismo, fueron recapturados los presos políticos Karla Escobar, Wilfredo Brenes, José Santos Sánchez, Yorlin Robles, Kevin Solís, Jaziel Chavarría, Gustavo Beteta, Bryan Alemán, Kenny García, y Marvin Ñamendis.

El abogado Julio Montenegro sostiene que en Nicaragua “realmente no hubo una amnistía, sino que se hizo una resolución mediante auto de un archivo”, de las causas que hoy siguen abiertas. “Son figuras oscuras, que uno no sabe cómo defender al ciudadano en el ciclo que sigue el proceso”, continúa Montenegro.

En el caso de Danny García, la audiencia inicial fue programada para el 29 de septiembre, a las nueve de la mañana.

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“No somos completamente libres”

Allan Gómez, de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN), advirtió que el régimen de Ortega nunca cesó la persecución contra los líderes de las protestas de 2018, principalmente quienes fueron encarcelados y luego amnistiados en 2019. Es por esta razón que, asegura, el establecimiento de la pena de cadena perpetua es una “amenaza directa” para los presos políticos excarcelados.

Desde que la mayoría de los presos políticos que fueron excarcelados en 2019, la Policía instauró un mecanismo de “asedio permanente” a excarcelados como: Lenin Salablanca, Max Cruz, Marbi Salazar, Roberto Büsting, Byron Estrada, Santiago Fajardo, Ricardo Baltodano y otros que “prefieren no hacer denuncia pública” para evitar confrontaciones con los oficiales que los vigilan. Uno de esos casos de asedio silencioso era el de Danny García y su esposa Ruth Matute, ambos excarcaledos políticos.

“La verdad es que no somos completamente libres”, enfatizó Gómez. Además de la incertidumbre jurídica con la que salieron de la cárcel, “sufrimos constantes amenazas, asedio, persecución y detenciones arbitrarias”, continuó el dirigente de la UPPN.

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