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Chile

Oposición critica proyecto medioambiental del Gobierno: les preocupa "autorregulación" de empresas

En La Moneda y con la firma del presidente Sebastián Piñera, fue presentada la iniciativa de ley llamada “Delitos Ambientales”, que busca, entre otras cosas, sancionar a empresas que generen daños ambientales irreparables en el entorno natural.

De esta manera, las industrias se exponen a multas de 400 a 40.000 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, entre $19 millones a $2.000 millones de pesos, además de la prohibición temporal de celebrar contratos con el Estado y la pérdida de beneficios fiscales.

Sin embargo, desde la oposición criticaron el proyecto, puesto que creen que el foco no es el correcto.

Dentro de la iniciativa se establece la incorporación de los delitos ambientales en la Ley 20.393 -que respecta sobre la responsabilidad penal en las personas jurídicas-, con el objetivo de que las empresas incorporen a sus modelos la prevención de delitos, como actividades que afecten a la salud de la población.

Sebastián Piñera aseguró que las empresas afrontarán consecuencia si no poseen planes de prevención.

“Siempre es mejor prevenir que curar. Sin embargo, aquellos que no cumplan con su obligación, van a tener que enfrentar sanciones”, dijo.

Al respecto, la senadora del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Isabel Allende, manifestó su inquietud respecto a la autorregulación de la empresas.

“La verdad es que las empresas no han mostrado responsabilidad frente a los daños ambientales”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado de la Democracia Cristiana, Raúl Soto, criticó el foco de la iniciativa.

“El foco se está poniendo en el autocontrol de las empresas…no así en el rol del Estado”, sostuvo.

El proyecto también indica que quien genere -dolosamente- graves daños al medioambiente, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo, entre 61 días a 3 años, además de una multa de 501 a 700 UTM, entre $24 millones y $33 millones de pesos.

Mientras que será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo, entre 541 días a 5 años de cárcel, a quien se acredite el daño en áreas de alto valor ecológico, como reservas nacionales, parques marinos, entre otras.

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