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Tratados de Libre Comercio y el programa de Boric

En estos días, distintos economistas de la plaza han expresado preocupación por las declaraciones desde el comando de la candidatura presidencial del diputado Gabriel Boric de revisar los tratados de libre comercio (TLC) que Chile ha suscrito. Al respecto, el más reciente es una columna de opinión del economista Manuel Agosín, anteriormente vinculado al Partido Socialista y ahora, no muy sorprendentemente, entre los economistas del comando del candidato Sichel.

En una columna de opinión del 27 de octubre, en La Tercera, el economista manifiesta su oposición a la revisión de los tratados de libre comercio, su convencimiento de los beneficios, y la imposibilidad de su renegociación debido a que las partes -Chile y países de mayor nivel de desarrollo- no tienen la misma capacidad de negociación. Su columna denota una ironía velada, cierta condescendencia a los muchachos del Frente Amplio que no saben lo que dicen, insinuando que los economistas vinculados a Boric serían ingenuos o técnicamente incapaces. Sin embargo, es su posición la que es técnicamente incorrecta, legalmente inviable y políticamente insostenible.

Al respecto es importante reconocer lo siguiente:

Primero, al ser aprobados por el Senado, los Tratados de Libre Comercio se convierten en ley de la Nación, sin embargo, la estructura legal institucional superior en un país democrático es la Constitución, no los tratados. En consecuencia, debido al proceso constituyente, todos los TLC deberán ser revisados y ajustados. Esto lo tendrá que hacer el próximo gobierno, independientemente de su color político o compromiso con un TLC específico. De hecho, será ilegal que un presidente de la República no ajustase los TLC a los requerimientos establecidos por la nueva Constitución. Por ello, sorprende la discusión pública en esta materia, lo que la candidatura de Boric ha dicho es algo que es simplemente una realidad, y negarlo tiene evidente intencionalidad política: la nueva Constitución obligará a revisar todos los TLC, así como otras leyes relevantes, por lo demás será inconstitucional no hacerlo.

Segundo, los TLC involucran dos elementos o componentes simultáneamente, algo que Agosín no explícita. El primer componente es la desgravación arancelaria o lo que se conoce como acceso a mercados; el segundo, son compromisos en la implementación de políticas públicas mutuas. En el primer caso, no existe evidencia alguna de que los TLC hayan aportado a la integración económica global de Chile. Esto es porque en paralelo todos los países han reducido sus aranceles de manera unilateral. De hecho, el aporte de reducción arancelaria en el caso del TLC con Estados Unidos fue marginal, los productos chilenos ya entraban con arancel cero o casi cero, y la reducción en los aranceles de productos de mayor valor agregado fue irrelevante y no generó, como los negociadores del momento latamente argumentaban, una segunda fase exportadora. Esto ha sido uno de los grandes mitos relacionados con los TLC bilaterales, y especialmente con el TLC con EE.UU.

Tercero, en lo que corresponde al segundo componente de los TLC, lo que se hace es fijar compromisos mutuos en política pública que rigidizan la capacidad de maniobra del Estado. En efecto se asegura una serie de compromisos que impiden que Chile implemente políticas públicas flexibles para avanzar hacia fases superiores de desarrollo. Como el país mas desarrollado promueve sus intereses, lo que en la practican hacen los TLC es institucionalizar un patrón de comercio internacional que reafirma el modelo centro-periferia, es decir, Chile produce recursos naturales y los países desarrollados, tecnología y conocimiento.

Por ejemplo, a través de los TLC se sobreprotegen derechos de propiedad intelectual, donde el país desarrollado cuenta con ventajas comparativas, así impidiendo que Chile promueva innovación y tecnología. Se establecen mecanismos para impedir la discriminación en el acceso a inversiones que impide desarrollar conocimiento en la industria nacional, esto no sólo afecta la capacidad para fortalecer el desarrollo nacional, sino además afecta la seguridad nacional o la regulación por el bien común. El bullado caso de que una empresa estatal china haya ganado la licitación de los servicios asociados al registro civil está asociado a este tipo de políticas. Asimismo, no cabe duda de que Chile enfrentará demandas internacionales en base a los tratados de libre comercio por el cuarto retiro. En síntesis, son compromisos establecidos a través de los TLC de última generación que reafirman una estrategia de desarrollo neoliberal basada en la extracción de unos pocos recursos naturales asociado a una élite empresarial que no innova ni emprende, sino extrae rentas de recursos naturales o rentas oligopólicas de los servicios públicos privatizados.

Cuando se estaban negociando los TLC, los negociadores chilenos reconocían esto públicamente y hablaban sin tapujos del objetivo del “anclaje institucional”, es decir, restringir la flexibilidad de las políticas públicas para impedir una nueva estrategia de desarrollo. En efecto, condenando a Chile a un tipo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales a través de compromisos externos con países de desarrollo superior.

Cuarto, después del 2000, cuando se negociaron estos tratados, particularmente el TLC con EE.UU., que marcó un punto de inflexión en las políticas económicas de la Concertación, existía evidencia de que la estrategia de desarrollo de Chile ya se había agotado. Sin embargo, el sistema político no reaccionó y pocos políticos y menos economistas manifestaron reparos por una estrategia negociadora que implicaba un nuevo amarre para sostener la estrategia de desarrollo neoliberal diseñada por Buchi en los ochenta. Fue la sociedad civil la que lideró la oposición a los tratados, la estrategia de negociación, y el error de no integrarse a esfuerzos regionales conjuntos para fortalecer la posición negociadora de Chile. Muchos de aquellos argumentos han quedado validados hoy día y son parte del nuevo sentido común y el cuestionamiento general que se les hace a los TLC.

Hoy día la estrategia de desarrollo ha colapsado y ha quedado en evidencia que los TLC no gatillaron una segunda fase exportadora ni mayor desarrollo. Chile ha caído en la denominada trampa de los países de ingresos medios, países que se estancan y no son capaces de saltar a niveles de desarrollo superiores. Esto es lo que está detrás de la revuelta de octubre. En términos económico el problema es la sistemática caída de la ´productividad´ -la medida de eficiencia en una economía- como el factor central que explica el pobre desempeño económico de los años recientes y el principal desafío para un crecimiento económico sostenible en el largo plazo. En este contexto: ¿qué han hecho los TLC para mejorar la productividad? Y ¿dónde está la segunda fase exportadora que prometieron?

Chile tiene que avanzar hacia un nuevo pacto económico, con una nueva estrategia de desarrollo que construya nuevas ventajas competitivas, probablemente basadas en el eje energía-medio ambiente. En el contexto de una nueva Constitución y la propuesta de una estrategia de desarrollo, lo que propone Boric es del todo razonable: revisemos los TLC para ver de qué manera ayudan o impiden los intereses nacionales. En este contexto no cabe duda de que algunos tratados y compromisos internacionales que se generaron pueden constituirse en trabas para saltar a niveles superiores de desarrollo. De hecho, fueron suscritos explícitamente con este objetivo.

Por lo demás no se trata de romper los TLC de un día para otro, ni tampoco implementar una política industrial desarrollista como fue en los sesenta –algo que irónicamente promovieron en su momento precisamente aquellas personas que negociaron dichos tratados–. Nadie propone aquello, ni ha habido un cambio de posición al respecto. La propuesta del programa de Boric es construir, en base a políticas públicas serias que se han implementado exitosamente en otros países, en el contexto de la crisis climática y la demanda por mayor equidad, una nueva estrategia de desarrollo que logre construir una sociedad más justa y un desarrollo económico sostenible. Esto no va a ocurrir de un día para otro, ni tampoco va a ser fácil, pero es necesario comenzar. Por ello, la revisión de los TLC no solo es necesaria, sino es fundamental para evaluar de qué manera éstos efectivamente contribuyen a apoyar una nueva estrategia de desarrollo económica sustentable de largo plazo.