Bolivia

Gobierno solicita al Legislativo juicio de responsabilidades contra 3 consejeros

Cándido Tancara Castillo / La Paz

El Gobierno formalizó ayer, con una solicitud presentada ante la Cámara de Diputados, un juicio de responsabilidades contra los tres miembros del Consejo de la Magistratura por incumplimiento de deberes, pues para que el proceso continúe el Legislativo debe aprobar con dos tercios de votos para que luego la demanda pase a la justicia ordinaria.

“La denuncia ha sido presentada ante la Cámara de Diputados, la Ley 44 lo prevé así; la denuncia fue presentada a Diputados contra los tres consejeros del Consejo de la Magistratura por incumplimiento de deberes”, informó ayer a Página Siete el ministro de Justicia Iván Lima.

En días pasados, el ministro Lima denunció que los consejeros en los hechos paralizaron por casi un año los nombramientos de jueces y vocales, dejando 151 cargos acéfalos en los tribunales departamentales de justicia, lo que hizo que se acumulen 304.300 causas, en perjuicio de un número similar de litigantes en el país.

El Consejo de la Magistratura tiene como tarea el control disciplinario de jueces y vocales, la fiscalización del manejo administrativo y financiero, y la gestión de  recursos humanos. Está integrado por Dolka Vanessa Gómez Espada, que es la presidenta, el decano Gonzalo Alcón Aliaga y el consejero Omar Michel Durán.

Lima pidió hace días a los consejeros que den un paso al costado hasta el martes (24), por el incumplimiento señalado, y en caso contrario anunció que les iniciaría un juicio de responsabilidades. “Hemos presentado un juicio de responsabilidades contra ellos, se presentó un juicio por incumplimiento de deberes”, afirmó y aseguró que “el Legislativo, por dos tercios, debe decidir su suspensión y remitir el caso a la vía ordinaria;  tiene que ser un juicio con el debido proceso”.

Aseguró que “el juicio de responsabilidades tiene que seguir un debido proceso y una vez que concluya el debido proceso se dictará la sentencia correspondiente;  (entonces) se les quitará el fuero, el privilegio constitucional que tienen” los consejeros. 

El  ministro, que mostró la solicitud de juicio de responsabilidades con “recibido” en Ventanilla de Diputados, anunció que la aprobación del juicio contra los tres consejeros “no debería demorar más allá de 60 días hasta su conclusión, podría ser menos tiempo”.

Obstáculos retirados

El Ministro de Justicia afirmó que para llevar adelante juicios de responsabilidades en el país había dos obstáculos legales: Recordó que el exdiputado Gonzalo Jarro (PDC), en la legislatura anterior, presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 39 de la Ley 44 porque no permitía realizar juicios de responsabilidades a magistrados y consejeros. “Hoy (ayer) el TCP se pronunció, dictó la sentencia constitucional 34/2020 y esta sentencia ha declarado inconstitucional al artículo 39 de la Ley 44”, aseguró y señaló que este fallo “implica que el Legislativo debe dictar una nueva norma legal para permitir el juzgamiento de altas autoridades (del Poder Judicial)”.

El segundo obstáculo encaminado, dijo, es la reposición de la norma. “Esta decisión del TCP merece todo el respeto y consideración del Ejecutivo, la vamos a acatar y en cumplimiento de esa decisión del TCP,  la jefa de la bancada del MAS  Estefanía Salazar  ha solicitado la reposición del proyecto de Ley 241/2019-2020 que se refiere a la (proyecto de) ley de juicio de responsabilidades”

Explicó que el señalado proyecto de ley ya fue aprobado en el Senado, en la anterior legislatura, y ahora “sólo falta la aprobación en Diputados y (luego) estará en vigencia la nueva ley de juicio de responsabilidades con lo cual ya no tendríamos obstáculos legales para que los juicios de responsabilidades no sean en el país un manto de impunidad, no sea un lugar donde los juicios nunca terminen”.

Lima afirmó que en adelante los magistrados y consejeros que sean enjuiciados tendrán el debido proceso. “Esta nueva ley será expedita y rápida, respeta el debido proceso,  garantizará a quienes actuaron de manera correcta para que sean eximidos, y quienes sean responsables de haber dañado al pueblo, a justicia y a la institución merezcan el castigo y sean separados del cargo”, añadió.

Los  consejeros

Los consejeros  tenían denuncias de incumplimiento desde 2019

Los consejeros de la Magistratura, contra quienes el Gobierno formalizó el requerimiento de un juicio de responsabilidades, ya arrastraban denuncias de incumplimiento de deberes, supuesta vinculación con hechos de corrupción y discrecional distribución de cargos en el Órgano Judicial desde 2019.

“La denuncia que he presentado contra Omar Michel, si bien es cierto que establece varios tipos de delitos como obstrucción de la justicia, concusión, asociación delictuosa, en esa misma denuncia mi persona denuncia a los otros dos consejeros de la Magistratura: la doctora Dolka Gómez y al doctor Gonzalo Alcón, por el delito de incumplimiento de deberes”, denunció en septiembre del año anterior la exdiputada Lourdes Millares (UD), según reporte  de Los Tiempos.

Millares explicó entonces que los consejeros incumplían con la Constitución Política del Estado y las leyes con la no “designación de personal”. “Todos los procesos de designación, de calificación de méritos para los cargos de vocales, para los cargos de jueces y para la contratación de personal del Consejo de la Magistratura pasan por sala plena;  por tanto, ellos también han sido denunciados por omisión, en este caso por incumplimiento de deberes”, dijo entonces. El reporte también señala que el consejero Michel estaría involucrado en dos audios en los que su hermano Juan Michel se constituiría en el principal operador en la designación de cargos, además de favorecimiento en algunos procesos. “El primero tiene que ver el relato que hace Juan Michel con relación a su participación para lograr obtener un anticrético de 100 mil dólares previos a la excepción de la transferencia de un inmueble”, denunció entonces la diputada Lourdes Millares.

En el otro audio, dijo, habla de las designaciones en las direcciones distritales de Derechos Reales. En ese audio, Juan Michel dice que a su hermano le habrían correspondido Tarija y Chuquisaca. Michel también fue implicado en los audios de corrupción del municipio de Quillacollo, Cochabamba.  La demanda contra los consejeros fue respaldada entonces por la exdiputada Micaela Nina.

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