Bolivia

Huayllani: general militar es el primer aprehendido; él dice que su labor fue sólo administrativa

Dos horas y 20 minutos duró la declaración informativa del Comandante Departamental del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército (CEO), Alfredo Cuéllar. Cerca de las 17:00, el general abandonó las oficinas de la Fiscalía de Sacaba aprehendido por la presunta comisión del delito de asesinato en el caso de las 12 muertes de Huayllani durante los conflictos poselectorales de 2019.

Cuéllar fue convocado a declarar para explicar su versión de los hechos y su participación en este caso. Su abogado, Edwin Paredes, indicó que el militar explicó que su labor fue administrativa. Sin embargo, la Comisión de Fiscales indicó que existen suficientes elementos de convicción para su aprehensión.

“Solamente ha cumplido funciones administrativas; nunca tomó decisiones de operación y lo vamos a demostrar (…). Presentó un plan estratégico de trabajo general en cumplimiento a un Decreto Supremo y a una orden del Comando en Jefe (…). Ese plan básicamente dice que no se debe usar armamento letal”, precisó el abogado Paredes.

Este caso es investigado por una comisión de fiscales conformada por Richard Villaca, Giovany Campos y Lizeth Martinez. Ellos tomaron la determinación de su aprehensión principalmente por el riesgo de fuga y de obstaculización que evidenciaron.

“Se ha emitido la orden de aprehensión al existir riesgo de fuga y obstaculización para la investigación. Además de otros elementos en contra del efectivo militar (…), se realizarán los actos investigativos que se vean por convenientes para esclarecer este hecho”, informó la fiscal Martínez.

El general se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la EPI Quintanilla de Sacaba a la espera de la imputación y la audiencia de medidas cautelares. Su esposa fue a acompañarlo y también habló con los medios de comunicación para rechazar esta acción contra su marido.

“Él obedeció a mandos superiores, lo acusan de asesinato; es como si dijeran que él fue solo y disparó a todos”, reclamó la mujer a través de la Red ATB.

El comandante regional de la Policía de Sacaba también fue convocado a declarar ante la Fiscalía, pero se excusó de presentarse. Cuéllar es el primer aprehendido por este caso.

El 15 de noviembre de 2019, los conflictos poselectorales se cobraron 12 vidas de las 14 que se perdieron en Cochabamba. Los fallecidos eran oriundos del trópico y tenían la intención de llegar hasta el centro de la ciudad para reclamar en contra del gobierno de transición. En el puente Huayllani se encontraron con un muro de policías y militares que no les permitieron el paso y terminó con muerte.  

CC también quiere presentar pruebas

La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, también pedirá una reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Señaló que entregará pruebas de audio, video y fotos de hechos de violencia contra personas contrarias al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Vamos a mostrar la quema de la casa de nuestra excandidata por la circunscripción del trópico y el fallecimiento de otras personas en Cochabamba y que deben investigarse”, dijo Barrientos.

Bancada del MAS entregó pruebas a la comisión GIEI

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), entregó documentos sobre la masacre de Sacaba a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga los hechos de violencia en 2019.

“Quiero entregar un documento que ha sido elaborado por una comisión organizada por las seis Federaciones (del Trópico de Cochabamba) y los familiares de los fallecidos en Cochabamba, que contempla el detalle de lo ocurrido principalmente en Huayllani, en Sacaba”, afirmó Rodríguez.

La autoridad indicó que espera que los documentos se utilicen para las indagaciones que efectuará la comitiva.

Rodríguez señaló que existen pruebas contundentes que confirman que los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía realizaron disparos. Agregó además que existen audio e imágenes sobre esos hechos.

Las pesquisas se realizan en el marco del protocolo suscrito el lunes, entre el canciller Rogelio Mayta y los expertos independientes, enviados por la CIDH, para que se efectúen las indagaciones de la violencia en 2019.

Juan Méndez, uno de los especialistas, ratificó que el GIEI-Bolivia tiene el mandato de coadyuvar en el esclarecimiento de las masacres de Sacaba y Senkata, además de la violación de los derechos humanos en otras regiones del país, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

En esa línea, agradeció a Rodríguez por la reunión sostenida y los documentos entregados para efectuar las investigaciones.

Ratificó que se trata de un grupo independiente y que tiene el encargo de efectuar una investigación imparcial, que se efectuará sobre la base de su experiencia colectiva.

“La idea es escuchar a todos los bolivianos que quieran hablar con nosotros y que tengan algo que decirnos sobre los acontecimientos ocurridos en esa época. Vamos a investigar todos los hechos en los que han sido víctimas los bolivianos, independientemente de su filiación política”, aseguró Méndez.

El experto precisó que, en el marco de la investigación, se analizará la respuesta institucional de las diferentes agencias del Estado boliviano, respecto de cada uno de los hechos de violencia en 2019.

“Si ha sido insuficiente esa acción, vamos a sugerir formas de trabajo para que haya justicia para cada víctima y también vamos a recomendar formas de reparación integral de los daños sufridos por las víctimas”, aseveró Méndez.

En ese sentido, Rodríguez pidió que se trabaje de forma responsable con todas las instituciones y con los familiares de las víctimas de los hechos violentos.

Asamblea de DDHH y exdefensor del pueblo apuestan por una investigación imparcial

La imparcialidad en las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es de preocupación de varios sectores. Cada uno explicó las formas en las que coadyurán con las indagaciones.

El representante de la asamblea permanente de Derechos Humanos en Cochabamba, Edwin Claros, explicó que será la segunda vez que entreguen documentos a la CIDH; la primera vez fue en la visita de la comisión en diciembre de 2019.

Claros explicó que se tienen entrevistas, documentos y otros recursos  que resultaron de investigaciones hechas por esta oficina. Asimismo, dijo que su postura es la investigación de los 14 fallecimientos en Cochabamba.

“No nos interesa el color político, queremos que se investiguen todas las muertes, las de Sacaba, Huayculi y otra que ocurrió en la zona norte”, precisó Claros.

El objetivo del representante es que se logre una reparación real para los familiares de las víctimas de los hechos de violencia de 2019.

Por su parte, el exdefensor del Pueblo y  miembro del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, solicitó que la Comisión investigue todas las vulneraciones a los derechos humanos. Él recordó la quema de su domicilio en la zona de Cota Cota, La Paz, en noviembre de 2019.

“Ellos (el MAS) tratan de limitar la investigación a los casos de Sacaba y Senkata (...) Pero el acuerdo señala que se va a investigar la violación de derechos humanos  de manera genérica entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre del 2019”, precisó Albarracín.

Esto abarca los hechos en Vila Vila, la quema de viviendas de personas particulares, entre otros que merecen tener responsables.

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